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Trump pone en la diana a los más vulnerables de Estados Unidos

Erosiona con leyes la ya frágil red de protecciones sociales
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Donald Trump en un mitin. - REUTERS / BRIAN SNYDER

 

Donald Trump en un mitin.

El pasado 21 de junio, el presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió durante un acto en Washington a Mick Mulvaney, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, un plan de reorganización del Gobierno. «Es muy aburrido», bromeó Trump. En su intervenciónm Mulvaney aseguró que el plan es la respuesta a un gobierno federal «desmesurado, opaco, burocrático e ineficiente» y parte de la promesa de Trump de «drenar la ciénaga» de Washington, su análisis desvela algo más preocupante. Es la enésima confirmación de la campaña de acoso y derribo que la actual Administración está librando contra la ya débil red de protecciones sociales en EEUU.

La propuesta, que en varias partes necesitaría la aprobación del Congreso (con el que no han consultado para su elaboración), plantea la fusión de los departamentos de Educación y Trabajo (rebautizando la segunda parte como «población activa»). También la reconversión del de Salud y Servicios Sociales en un mastodonte que asumiría buena parte de los programas de asistencia federal y que sería rebautizado para cambiar la segunda parte por welfare (un término más parecido a asistencia que a lo que se conoce como Estado del bienestar), concepto que durante décadas los conservadores han ido devaluando y atribuyéndole una connotación peyorativa. En la reorganización es obvio el esfuerzo para facilitar al Gobierno el recorte o reestructuración de las ayudas. Y no es nuevo. Como reconocía a The New York Times el ultra Steve Bannon, que fue su asesor jefe: «Los nuestros han estado en ello desde el principio». Y ahí están para constatarlo, por ejemplo, el proyecto de presupuestos del 2017 y el presentado para el 2019 por Trump.

En ese último plan, se quitarían 250.000 millones de dólares en la próxima década a Medicaid, el sistema de asistencia sanitaria pública para pobres y discapacitados. Y en los próximos 10 años se recortarían también el 30% de los fondos, o 213.000 millones, para el programa de asistencia para nutrición suplementaria o SNAP, los llamados «sellos de comida», imprescindibles para que puedan comer 42,3 millones de estadounidenses, que reciben una media de 125 dólares al mes. También se plantean recortes en ayuda a vivienda protegida (donde se pretende triplicar el alquiler) que dejarían sin asistencia a 250.000 familias de bajos ingresos.

ACOSO Y DERRIBO

Hay más. El plan de reorganización de la Administración pevé crear el Consejo de Asistencia Pública, que podrá imponer requerimientos laborales para optar a ayudas. Y sería solo la extensión de algo que ya hace el Gobierno de Trump. Este año se cambiaron las reglas de Medicaid para que, por primera vez, los estados pudieran exigir horas de trabajo o de formación para quienes quieren recibir asistencia federal, un tema que ha llegado a los tribunales. Los esfuerzos se combinan con un impulso a la desregulación que desprotege a los trabajadores y otros campos como la protección ambiental y con esfuerzos de privatización de servicios públicos. En todo el asalto late la consagración de un sueño largamente acariciado por los conservadores de reducir el papel del Gobierno. Es el culmen de una filosofía de demonización de la población de bajos ingresos, a los que se intenta caricaturizar como vagos que viven de las arcas públicas, usando también estereotipos raciales que no concuerdan con la realidad de que hay más blancos pobres que necesitan la asistencia federal. El Periodico.


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